Rodolfo Soriano-Núñez Lunes, 18 de Agosto del 2025
En los 1990, el cardenal Aguiar Retes protegió al menos a un sacerdote acusado de abuso en Texcoco. Sus antiguos subordinados en Izcalli y Tepic le imitan.
Carlos Aguiar Retes es un hombre poderoso en Roma, uno cuya influencia tiene un lado oscuro, que podría explicar por qué otros jerarcas evitan resolver el abuso sexual en diócesis como Izcalli.
Por Rodolfo Soriano-Núñez
El caso de Diego Pallares Contreras, sacerdote católico acusado de abusar sexualmente en 2019 de una menor de edad de su comunidad, quien también era su ahijado de confirmación, es clave para comprender el comportamiento institucional de la diócesis de Izcalli, la arquidiócesis de Tlalnepantla y, aunque sólo sea simbólicamente, la Arquidiócesis Primada de México.
Es un relato sobre la capacidad de la Iglesia Católica para generar confianza, el llamado capital social, y, casi simultáneamente, una historia de cómo las decisiones del cardenal Carlos Aguiar Retes, o la falta de ellas, destruyen la confianza en esa institución y en él mismo como una de sus figuras clave.
Más aún, el caso de Diego Pallares Contreras no es un caso aislado en Izcalli, en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México ni en el país en general.
Antes de que se conociera la noticia del abuso de Pallares Contreras, se conoció el caso de Morseo Miramón Santiago, otro sacerdote de la misma diócesis acusado de un delito similar. La distinción radica en que no era ni el párroco ni el padrino de su víctima. Además, esta serie documentó el año pasado el caso de una monja mexicana que sufrió reiterados abusos sexuales mientras trabajaba en el territorio de la diócesis de Izcalli.
Los tres casos no son nuevos, pues datan de varios años atrás, pero todos ocurrieron durante el mandato del obispo Francisco González Ramos ahí. Lo que es más relevante, todos ocurrieron mientras Aguiar Retes, actual arzobispo de México, lo era de Tlalnepantla o después de su ascenso a su cargo actual.
Más aún, dado que la situación en Izcalli, con tres casos ya conocidos de abuso sexual por clérigos, dos por sacerdotes asociados a esa diócesis, y uno por un sacerdote de una "orden" activa en la diócesis de Izcalli, han sido en su mayoría desestimados por González Ramos.
En teoría, la situación en Izcalli es un ejemplo perfecto del tipo de investigaciones que arzobispos como José Antonio Fernández Hurtado de Tlalnepantla deben realizar cuando los obispos de sus diócesis sufragáneas no están dispuestos a resolver casos de abuso sexual de clérigos.
Es el tipo de caso que el papa Francisco tenía en mente, después de muchos casos similares en todo el mundo, al promulgar Vos Estis Lux Mundi. Un documento, un Motu Proprio, similar a un decreto en el ámbito canónico, publicado en 2019.
Allí se puede encontrar un procedimiento detallado sobre cómo investigar a los obispos acusados de mala conducta, de mal manejo de casos de abuso, incluido el encubrimiento activo o pasivo de abusos sexuales del clero.
La investigación debe dirigirla el llamado metropolitano, es decir, el superior de lo que en algunos países se llaman regiones y en otros se denominan provincias eclesiásticas. En algunos casos, se podrían nombrar otros clérigos de alto rango.
En este caso, el arzobispo y superior de la provincia eclesiástica de Tlalnepantla es Fernández Hurtado. Las denuncias de múltiples casos y la falta de rendición de cuentas del obispo González Ramos en Izcalli se ajustan a los criterios establecidos por el papa Francisco en el documento de 2019.
¿Quién protege a quién?
Además, en este punto, es inevitable preguntarse por qué Fernández Hurtado no está dispuesto a actuar. ¿Protege a González Ramos por su cuenta o lo hace para proteger a Aguiar Retes?
El asunto cobra mayor relevancia, ya que los informes sobre que Pallares Contreras desempeña en la actualidad algún tipo de encargo "privado" o incluso "informal" han sido confirmados por personas que solían asistir a las misas de la misión pastoral de Granjas Guadalupe, presididas por Pallares Contreras.
Estos antiguos feligreses afirman que Pallares Contreras ejerce como una especie de capellán en comunidades religiosas y conventos de la arquidiócesis de Tlalnepantla. Sería imposible para Pallares Contreras hacerlo si no contara con el apoyo explícito, las llamadas "licencias" del actual arzobispo de Tlalnepantla, Fernández Hurtado.
Según dos fuentes, funge como una especie de capellán del Convento de las Hermanas de la Divina Providencia en Atizapán, Estado de México, uno de los seis municipios que conforman la arquidiócesis de Tlalnepantla (véase el mapa a continuación). Testigos lo han visto presidir misas y otros rituales allí.
Atizapán es el municipio más al norte de dicha arquidiócesis y colinda con el municipio de Nicolás Romero, en la diócesis de Izcalli.
Si bien la retirada de Pallares Contreras de la misión de Granjas Guadalupe podría parecer una decisión prudente para evitar contacto con posibles víctimas, la medida presenta dos deficiencias clave.
En primer lugar, la proximidad de su actual asignación informal, pues la ubicación de la misión pastoral donde trabajaba revela la banalidad de la medida. Una medición informal realizada con Google Maps revela que hay menos de tres kilómetros entre ambas ubicaciones.
Además, está el problema de que González Ramos no reconoce en público que algo sucedió. Eso es lo que se destila de más de una hora de vídeo de su “diálogo” con feligreses en la capilla del Divino Niño Jesús. Un fragmento de ese vídeo está en el texto previo de esta serie, enlazado después de este párrafo.
Investigaciones
Izcalli, ¿la tercera es la vencida?
Hace un año, negó cualquier acusación contra Pallares Contreras, mientras insistía en sus lacónicos intercambios por WhatsApp en que había denunciado el caso a las autoridades, cuando no hay pruebas de que lo haya hecho.
Este comportamiento contradictorio se agrava cuando se analiza su gestión del caso de Morseo Miramón Santiago. Ahí se encuentra el mismo patrón: un rápido, silencioso e irresponsable retiro de algunas de las funciones del clérigo acusado, mientras les decía a los padres de las víctimas que había seguido el procedimiento al denunciar a las autoridades.
Debe señalarse en este punto que la legislación mexicana es “imperfecta” en lo que hace a los criterios para reportar. Establece el deber de reportar, pero no hay un plazo perentorio y, como sucede con el derecho canónico, no hay consecuencias por incumplimiento, una multa o algo similar, que obligue a que se cumpla con el deber de reportar.
Efectos generalizados
El hecho de que tanto Miramón Santiago como Pallares Contreras sigan como sacerdotes en las listas de la Secretaría de Gobernación del gobierno de México añade un elemento adicional de confusión, agravado por la falta de información real en el deficiente sitio web de la diócesis o al menos en su perfil de Facebook.
Si bien los perfiles de Facebook son útiles para comunicar ciertos temas y su operación es económica, carecen de la capacidad de ofrecer acceso preciso y confiable a la información. Las búsquedas son sólo para personas dispuestas a perder mucho tiempo para dar con información, y el formato de tarjetas virtuales es útil para enviar un mensaje de felicitación por un cumpleaños o el aniversario de ordenación, pero dar con la asignación de un sacerdote es casi imposible.
Los efectos generalizados de esta actitud son evidentes en las publicaciones en redes sociales disfrazadas de declaraciones de la diócesis. Esto es aún más relevante dado que la comunidad de Granjas Guadalupe está realmente dividida.
La división, que en otros contextos se explicaría como la destrucción del capital social, es parte del alto precio que paga la Iglesia Católica por su renuencia a ser transparente, directa y honesta al abordar estos casos.
Recientemente, Los Ángeles Press publicó la noticia del arresto de un sacerdote en el estado de Veracruz. Las repercusiones se sintieron de inmediato en las redes sociales de la diócesis de Veracruz, de forma similar a lo que ya se reportó en la entrega previa sobre este nuevo caso en Izcalli.
Hay quienes están dispuestos a ir a la guerra por sus sacerdotes. Se valen del recurso habitual de que la Iglesia Católica es víctima de vastas conspiraciones, de montajes o acusaciones falsas. Pero también hay sobrevivientes, los pocos dispuestos a pasar por los ataques personales, que son conscientes de hasta dónde llega la Iglesia Católica al desestimar acusaciones de abuso sexual.
Y hay quienes enfatizan la naturaleza contradictoria del comportamiento de la Iglesia en este y otros temas. Critican la ausencia de un reconocimiento institucional real de las irregularidades de las diócesis o de los sacerdotes, a la vez que enfatizan los efectos adversos de la manipulación que se encuentra en los mensajes del obispo González Ramos a los autores del informe sobre este caso.
El destinatario original del informe fue el papa Francisco. Sus autores hicieron llegar una copia impresa del documento a él, con copia al dicasterio para la Doctrina de la Fe, que preside Víctor Manuel Fernández. La entrega se hizo por medio de mensajería certificada en Roma en octubre de 2024.
Luego de un arduo proceso, los autores pudieron constatar que efectivamente se recibió el original en Roma. El pontífice argentino moriría meses después, pero todos los datos registrados en las 19 páginas en el informe permanecen.
Nuevos riesgos por delante
Y no se trata sólo de esas 19 páginas. Hay un anexo con documentos adicionales, fotos, capturas de pantalla y audios de las pocas ocasiones en que el alto clero de Izcalli estuvo dispuesto a responder las llamadas telefónicas o mensajes. Más de 30 pruebas que narran esta devastador caso. Una y otra vez, lo que surge como patrón es la idea de pretender que hacen algo cuando en realidad no lo hacen.
La presión sobre la Iglesia se hará más evidente a medida que los efectos de las reformas del año pasado al Código Penal, respecto a quién tiene acceso a la fianza durante un proceso, incluyan ahora el abuso sexual, especialmente el de menores, como uno que conlleva la prisión preventiva obligatoria en México.
Es decir, independientemente de la opinión de los jueces, las pruebas del fiscal o los alegatos de la defensa, será difícil evitar la cárcel, pues existen delitos, incluido el abuso sexual, que conllevan esta suerte de sentencia automática.
La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, WOLA por sus siglas en inglés, una organización sin fines de lucro que cubre temas de derechos humanos y justicia en América Latina, publicó una severa evaluación de la reforma en general, sin considerar los abusos sexuales de clérigos, disponible aquí en inglés.
Y a pesar de que, como afirma WOLA, la reforma implica un retroceso para los derechos humanos. Lo cierto es que, en lo que respecta al abuso sexual, muchos sobrevivientes y sus familiares ven la reforma como positiva, ya que implica cierto castigo, aunque informal, para los acusados de abuso en México.
En ese sentido, si bien no están claras las consecuencias reales de la reforma, existe un nuevo conjunto de normas más estrictas para la fianza, especialmente en casos de abuso, y más aún cuando las víctimas son menores de edad.
Lo que sí está claro son los efectos sociales del abuso, cómo divide a las comunidades y cómo, dadas las nuevas normas vigentes, existe una mayor urgencia para que los obispos y otros altos cargos de la jerarquía católica actúen.
¿Acaso les importa?
Cabría esperar que, en el nuevo escenario, aunque no fuera por una preocupación real por los sobrevivientes, obispos católicos mexicanos como González Ramos reconocieran la necesidad de abordar acusaciones como las presentadas contra Diego Pallares Contreras y Morseo Miramón Santiago.
Pero también, dado el estado actual del problema del abuso sexual por parte del clero en México y otros lugares, es necesario preguntarse si los obispos católicos mexicanos estarán más dispuestos a revisar su propio comportamiento y a adaptar las prácticas bastante crípticas, tan comunes en los procesos de derecho canónico, a la realidad de los países donde se lleva a cabo el proceso.
El expediente ofrece un ejemplo claro. El sacerdote Epifanio Moreno Lemus, designado instructor o delegado de la investigación, se aferra a una interpretación extremadamente formalista del llamado Secreto Pontificio, negando a las partes involucradas en este asunto el acceso a una simple copia de su nombramiento como tal o a algunos de los documentos más básicos derivados del proceso como tal.
En ese sentido, el proceso interno se vuelve cada vez más complejo y arcano, sin mencionar el inevitable uso de términos en latín, que podrían ser similares a otros que se usan en español, pero que, en su mayoría, obligan a las partes involucradas a descifrar su verdadero significado y por qué, si ellos hacen lo correcto, confían en que su Iglesia investigará su caso, los clérigos a cargo de la investigación los maltratan y desdeñan en cada oportunidad a su alcance.
En lugar de que el proceso restaure la confianza en la institución y ayude a los sobrevivientes, está diseñado para probar que el sobreviviente miente, exagera o ha inventado la situación. Tener a sacerdotes de la misma diócesis como detectives, además, afecta el proceso con todo tipo de posibles efectos adversos.
La conducta arrogante e insensible de sacerdotes como Moreno Lemus es la fuente de una amargura de larga duración en intercambios en redes sociales en los que, en última instancia, la Iglesia Católica se convierte en el blanco de memes, bromas y ataques que revelan la magnitud de los agravios causados por la adhesión insensible a los procedimientos arcanos del derecho canónico.
Esa actitud salta casi en cada página del reporte enviado a Roma por sus autores. Casi se lee como una especie de subtrama acerca de la manera en que la comisión diocesana parece empeñada en desdeñar las acusaciones, en cansar a los fieles que confían y están dispuestos a seguir el proceso canónico, como si los tratarán de convencer de la inutilidad de sus esfuerzos.
Socavar la confianza
Si el objetivo es socavar la confianza en la institución, la actitud de Moreno Lemus, sea por decisión propia o como reflejo de la postura de González Ramos, lo logra pues socava la confianza en la Iglesia y su jerarquía.
Ese efecto queda claro en la página 10 del reporte. Sus autores dejan ver su hartazgo con la manera en que Moreno Lemus rechaza todas las solicitudes que se le han presentado apelando al Derecho Canónico. Agotados, el reporte se pregunta “¿Entonces la investigación no es legal en el ámbito eclesiástico?”.
Y está el tema del tiempo. El abuso ocurrió en 2019. Es un problema que ya data de hace seis años. El primer contacto con el obispo tuvo lugar en mayo de 2023. La investigación interna de la Iglesia comenzó en algún momento del verano de 2024 (25 de junio o 11 de julio). Desde entonces, no hay avance en este asunto.
El problema no se limita a Izcalli. La destrucción de la confianza, el así llamado "capital social", derivada de la crisis de abuso sexual ocurre en distintos lugares. Aunque es imposible dar cuenta de lo que ocurre en todos esos lugares, es posible tratar de comprender qué ocurre en Izcalli ahora.
Para hacerlo es necesario preguntarse quién ha tenido la capacidad, el poder para darle forma a lo que es la actual diócesis de Izcalli. En ese punto, es imposible no ver al actual arzobispo primado de México, el cardenal Carlos Aguiar Retes.
Aunque ahora no tiene autoridad formal inmediata sobre Izcalli ni sobre las demás diócesis pertenecientes a la denominada Provincia Eclesiástica de Tlalnepantla, sigue siendo una figura clave de la Iglesia Católica ahí, en México y Roma.
Basta con observar el caótico relevo en la Universidad Pontificia de México, cuyo gran canciller es el propio Aguiar Retes, para ver cómo, al verse obligado a buscar un sustituto para la presidencia de la universidad, reclutó a un sacerdote de su antigua sede de Tlalnepantla.
Y es tanto su poder en Roma, que el Dicasterio para la Doctrina de la Fe necesitó dos días para ratificar el nombramiento del nuevo rector de la Universidad Pontificia, Pedro Benítez Mestre, lo que permitió una casi inmediata celebración de las cuentas de redes sociales de la Conferencia del Episcopado Mexicano, como se puede ver en el mensaje publicado en lo que era Twitter después de este párrafo.
Para medir qué tan poderoso es Aguiar Retes en la actual Roma basta recordar las dificultades que tuvo el actual prefecto de ese dicasterio, Víctor Manuel Fernández, para lograr esa ratificación cuando el entonces cardenal Jorge Mario Bergoglio, gran canciller de la Universidad Católica de Argentina en Buenos Aires, le nombró rector de esa universidad en 2009.
El cardenal Bergoglio debió esperar dos años para que Roma aceptara el nombramiento de Fernández en 2009, como lo recuerda este texto del diario argentino La Nación. El de Benítez Mestre necesitó de dos días.
Lo hizo para reemplazar en medio de un escándalo a Alberto Anguiano García. Él era uno de los pocos altos funcionarios que quedaban en la arquidiócesis de México originalmente promovido por el ahora arzobispo emérito Norberto Rivera Carrera.
El ruidoso reemplazo de Anguiano fue más por ocurrir a mediados de julio, cuando la Universidad Pontificia atraviesa uno de sus periodos de mayor actividad, ya que numerosos estudiantes, laicos, religiosos o aspirantes a religiosos, como seminaristas y novicias o novicios, acuden a la Ciudad de México para asistir a cursos y otras actividades en esa y otras sedes académicas de la capital del país.
Príncipe de la Iglesia
A pesar de ese episodio, Aguiar Retes es el amo de la arquidiócesis, un verdadero príncipe de la Iglesia. Aunque ya tiene más de 75 años y presentó su renuncia en enero, no hay indicios de que vaya de salida. Siendo cardenal, podría permanecer sin mayores problemas cuatro años más en su cargo actual.
Ya ha promovido a los seis obispos auxiliares de su arquidiócesis, por lo que no hay duda sobre quién está al mando. A diferencia de principios de este siglo, cuando Rivera Carrera mantenía una poderosa influencia en Roma, promoviendo a sus antiguos auxiliares como obispos de las diócesis sufragáneas de Tlalnepantla, ahora es Aguiar Retes quien tiene contactos en puestos clave en Roma, capaces de facilitar la aprobación de sus ideas y propuestas para cargos clave, así como la percepción de que el León XIV responderá con relativa rapidez, como prueba la situación en la Universidad Pontificia.
Aunque el sucesor de Aguiar Retes en Tlalnepantla, José Antonio Fernández Hurtado, no puede ser visto como miembro de su camarilla, es difícil imaginarlo desafiando las sólidas redes de influencia que Aguiar Retes tejió en la arquidiócesis de Tlalnepantla durante sus ocho años allí.
El nombramiento de Aguiar Retes como arzobispo por Juan Pablo II en 2009 fue un logro. Fue un acontecimiento, en cierto modo, inesperado luego de sus doce años como obispo de Texcoco.
Uno debe tener en mente que Aguiar Retes fue promovido a y ordenado como obispo por el entonces arzobispo de Monterrey, el finado cardenal Adolfo Suárez Rivera. Él era el caso extraño de un prelado mexicano dispuesto a retar a Marcial Maciel en los noventa. Ya entonces en Monterrey había signos de los efectos devastadores que la Legión de Cristo tenía en familias, parroquias, colegios e incluso en universidades católicas o con presencia de la Iglesia Católica, donde los sacerdotes de esa orden solían ser capellanes.
Sería imposible detallar aquella confrontación que, al final, implicó una derrota para Suárez Rivera, pero Aguiar Retes debe recordar la campaña que la Legión de Cristo, aún bajo la égida de Maciel, lanzó contra Suárez Rivera y sus aliados más cercanos en la Conferencia del Episcopado Mexicano. Ese fue el caso de Samuel Ruíz García, entonces obispo de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.
Recuerdos de Texcoco
A pesar del conflicto, Aguiar Retes fue obispo de Texcoco donde construyó equipos pastorales y relaciones sólidas con políticos. Desde ahí promovió a uno de sus sacerdotes, Luis Artemio Flores Calzada, como el primer obispo de Valle de Chalco, la diócesis más pobre y marginada del centro de México.
Tristemente, tuvo ahí su primer conflicto por un caso de abuso cuando emergieron denuncias desde Otumba, una población entonces en la diócesis de Texcoco, de un sacerdote originalmente nacido en Nicaragua, José Zenón Corrales Cabrera.
Aquel caso no descarriló la carrera eclesiástica de Aguiar Retes, pero dejó ver que, a pesar de su actitud mucho más refinada que la del ya entonces arzobispo de la Ciudad de México, Norberto Rivera Carrera, descrito por alguien en privado en los noventa como “un Neandertal en sotana”, ambos tenían las mismas dificultades que el resto de los jerarcas católicos para acometer las causas y efectos del abuso sexual de sus colegas clérigos.
Aguiar Retes protegió a Corrales Cabrera hasta donde pudo. No es claro si el castigo llegó por su activismo político, denunciado en los medios de la época o por alguna disposición del gobierno de México a cumplir con alguna petición de su contraparte en Nicaragua por el tema del abuso.
El entonces vocero de Texcoco, Eduardo Israel Salazar, defendió a Corrales Cabrera con la más vieja “explicación” para el abuso: “siempre hay grupos que quieren dañar la imagen moral de nuestros sacerdotes”, dijo a los medios en 2003.
Corrales Cabrera no era cualquier sacerdote. En un directorio publicado como apéndice a un libro del Consejo Episcopal Latinoamericano en 1998, él ya aparecía con el título de “monseñor” y jefe de la Comisión de Asesoría Legal de Matagalpa, diócesis entonces a cargo del actual arzobispo de Managua, el cardenal Leopoldo Brenes Solórzano.
Paradójicamente, el directorio en el que aparece Corrales Cabrera forma parte de un volumen dedicado a promover el respeto a los derechos humanos, donde asistentes a un seminario intercambiaron experiencias sobre cómo la Iglesia Católica promovía los derechos humanos. El libro está disponible aquí. El libro se titula Educación en derechos humanos. Memorias del II Encuentro Latinoamericano y del Caribe y aparece fechado en 1998 en Santa Fe de Bogotá, capital de Colombia.
Además del escándalo por el sacerdote nicaragüense, a su paso por Texcoco, Aguiar Retes impulsó la llegada de Flores Calzada a Valle de Chalco. Más tarde, en 2012, cuando Aguiar Retes concluía su presidencia en el episcopado mexicano y tenía tres años más como presidente del CELAM, ayudó a Flores Calzada a hacerse cargo de Tepic, donde ahora con 76 años, está al final de su carrera. Tepic es clave porque Aguiar Retes, nació y estudió ahí, además que fue ahí donde el entonces obispo de esa diócesis, Suárez Rivera, le ordenó.
Las redes que Aguiar construyó dentro y fuera de la Iglesia Católica en Texcoco son sólidas y le resultaron útiles cuando Juan Pablo II le nombró arzobispo de Tlalnepantla. Ahí sucedió en el cargo al primo de Marcial Maciel, Ricardo Guízar Díaz. Él ha sido parte de algunos de los casos considerados en entregas previas de esta serie sobre los abusos en la diócesis de Atlacomulco.
México violento
Nuevo caso de abuso sacude a la Iglesia Católica en México
Desde Tlalnepantla, Aguiar Retes promovió la división de su antigua diócesis de Texcoco para crear la de Teotihuacán, cuyo territorio incluye las famosas pirámides a pocos kilómetros al norte de la Ciudad de México.
Aún en Tlalnepantla, y ya como una figura clave en Roma, tras la elección del papa Francisco, Aguiar Retes promovió la división de la diócesis de Cuautitlán para crear la actual diócesis de Izcalli en 2014. Resulta imposible creer que él no fue al menos consultado cuando Roma decidió que Francisco González Ramos sería el primer obispo de la diócesis.
Figura clave
Aguiar Retes se convirtió en una figura clave tras un ascenso meteórico en las filas del Consejo Episcopal Latinoamericano. Fue electo primero secretario general de dicha organización (2000-3) mientras era obispo de Texcoco. Posteriormente, fue vicepresidente (2003-7) y presidente de 2011 a 2015.
Siguió una ruta similar en el episcopado mexicano, primero como secretario general (2004-6) y presidente en dos periodos consecutivos (2006-12). Luego de la elección del papa Francisco en 2013, era sólo cuestión de tiempo para que Aguiar Retes se convirtiera en cardenal, como ocurrió en 2016.
Debe notarse también que cuando Aguiar Retes se hizo cargo de la arquidiócesis primada de México, el 7 de diciembre de 2017, se mantuvo como administrador apostólico de Tlalnepantla por más de un año, de modo que pudo resolver asuntos pendientes ahí antes de la llegada de su sucesor en marzo de 2019.
Aunque es imposible confirmarlo, abundan rumores de que Aguiar Retes es el confesor de Margarita Zavala, la exprimera dama (2006-12) y actual diputada federal.
Protagonizó al menos dos bodas fastuosas, casi barrocas, en el Estado de México, el más poblado del país, con poco menos de 17 millones de habitantes. Lo hizo en la del entonces gobernador del Estado de México Eruviel Ávila (2017) y antes en la de su hija Isis Ávila (2015), entre otras.
Con tal capital político, y como antiguo arzobispo de Tlalnepantla, quien ocupaba ese cargo cuando González Ramos se convirtió en el primer obispo de Izcalli, es casi imposible descartar la posibilidad de que Aguiar Retes estuviera protegiendo a González Ramos y su forma de manejar los abusos en Izcalli.
En todos los casos de la entrega de hoy, es evidente que Aguiar Retes no es el protagonista. Es evidente que tanto González Ramos en Izcalli como Flores Calzada en Tepic tienen la edad suficiente para tomar decisiones por sí mismos; sin embargo, en todos estos casos sería ingenuo subestimar el alcance de la influencia de Aguiar Retes como una figura clave, de alcance global dada su condición de cardenal, de la Iglesia Católica.
Si no está protegiendo a González Ramos, el actual obispo de Izcalli, Aguiar Retes tiene maneras de dar a conocer su propia opinión sobre el tema. Dar la cara podría ayudar a su propia institución, a las comunidades, a los sobrevivientes y a sus familiares, a la vez que evitaría mayores daños.
Por otro lado, cabe preguntarse cuál es la postura del arzobispo Fernández Hurtado al respecto. Si bien la responsabilidad principal recae en González Ramos, el arzobispo no puede considerarse un simple espectador pasivo de lo que sucede en la diócesis sufragánea de Izcalli. Más aún porque Fernández Hurtado permite a Pallares Contreras celebrar sacramentos y rituales en capillas dentro del territorio de la arquidiócesis de Tlalnepantla.
Aunque exista un acuerdo para permitir que sacerdotes de la misma provincia eclesiástica crucen las fronteras y celebren sacramentos y otros rituales, González Ramos afirma repetidamente haber presentado una denuncia formal ante la Procuraduría General de la República en relación con Pallares Contreras.
Además de este caso de Izcalli, autoridades de Veracruz arrestaron a otro sacerdote el domingo 10 de agosto, como relata el texto ya referido previamente, con un estupor similar al que provocaban las consecuencias de la desaparición de un sacerdote, originario de Colombia, vinculado a la diócesis de Tepic, donde nació Carlos Aguiar Retes, en 1950.
En este sentido, es imposible no preguntarse si lo que sucede con Pallares Contreras es totalmente independiente de lo que pasa también en Tepic, donde la influencia del actual arzobispo primado se deja sentir cada vez que viaja a aquella diócesis, su lugar de origen, donde uno de sus antiguos sacerdotes en Texcoco es ahora el obispo.
Exorcistas tropicales
Carlos Arturo Cancelado Velasco fue objeto de un decreto inusual del obispo Luis Artemio Flores Calzada que le prohibía ejercer el sacerdocio. El documento tiene copia a la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, y proporciona, entre otros detalles, el que se encuentra “ilocalizable” desde 2022.
Cancelado Velasco tenía hasta entonces una presencia en línea relativamente activa. Aficionado a las prácticas comúnmente asociadas con el llamado exorcismo, un ritual para expulsar demonios. No está claro si estaba autorizado para realizar ese tipo específico de ritual, pero aun así estaba dispuesto a experimentar con la idea a través de videos y publicaciones en redes sociales.
En Tepic, hay personas que afirman que Cancelado Velasco ha sido acusado de abuso sexual, al igual que Salvador Huizar Vera. En el caso de Cancelado Velasco, incluso diarios de la Ciudad de México publicaron acusaciones genéricas, lo que, sumado al secretismo de la Iglesia Católica, fomenta la idea, resumida en el refrán «si el río suena, es que agua lleva», de que los obispos ocultan algo a sus feligreses.
Un par de días después, como suele ocurrir, medios de Nayarit publicaron al menos una noticia donde católicos locales defienden a Cancelado Velasco, elogiando su labor como sacerdote en una zona rural aislada de Nayarit, en la costa del Pacífico mexicano donde las comunicaciones no siempre son fáciles.
La noticia, disponible aquí, presenta a Cancelado Velasco como posible víctima de secuestro o desaparición forzada, un fenómeno común en México y fuente constante de confrontación entre el gobierno federal y las organizaciones civiles que abordan el tema.
Por lo tanto, es posible que Cancelado Velasco sea víctima de ese tipo de desaparición forzada, pero quienes lo defienden no pueden proporcionar algún indicio de ello.
Precisamente por lo frecuentes que son las desapariciones forzadas de civiles en México, siempre hay algún signo o síntoma de la situación. Hasta donde es posible saberlo, no lo hay en este caso. También, parece difícil creer que el obispo de Tepic hubiera publicado el decreto sobre Cancelado sin haber considerado la posibilidad de que fuera víctima de secuestro o desaparición.
En cualquier caso, cabe destacar que tanto él como Huizar Vera han estado vinculados en algún momento con parroquias del municipio de Rosamorada.
Por el momento, Cancelado Velasco permanece “ilocalizable”, mientras que Huizar Vera goza de la confianza y la amistad del obispo Flores Calzada y de la renuencia de la Fiscalía del Estado a avanzar con las denuncias presentadas en su contra, al menos por los padres de una víctima menor de edad.
Causar estragos
Medios de comunicación locales en Nayarit criticaron a Flores Calzada por permitir que el sacerdote Huizar Vera, en abril de 2022, oficiara misa en la catedral de la ciudad de Tepic, como muestra el video de Facebook enlazado después de este párrafo (si el video no se reproduce, también puede acceder a él aquí).
Lamentablemente, dada la ausencia de políticas claras para abordar el abuso sexual del clero, la Iglesia Católica se expone a los inevitables chismes que surgen de este tipo de situaciones.
Si eso no fuera suficiente, el 4 de agosto, la misma diócesis de Tepic publicó un comunicado que denuncia como un grave peligro para sus fieles a Francisco Isaías Rodríguez Núñez a quien identifica como “falso sacerdote”, a pesar de reconocerlo como diácono.
Rodríguez Núñez es otro ejemplo de cómo la Iglesia Católica causa estragos en sus propias diócesis y parroquias. El comunicado detalla la vida de este diácono.
Reconocen que fue seminarista en dos órdenes religiosas antes de ser admitido en el seminario de Tepic. Describen otros periodos en seminarios de las diócesis de Huajuapan de León, Oaxaca, y Acapulco, Guerrero.
También reconocen como válida su ordenación diaconal el 3 de agosto de 2018 en la vecina prelatura de El Nayar, una región dentro del mismo estado de Nayarit, en el occidente de México. Incluso narran cómo el diácono Rodríguez Núñez fue expulsado del sacerdocio después de que sus superiores en El Nayar presentaran un reporte a Roma.
Flores Calzada detalla cómo el diácono obtuvo una ordenación inválida como presbítero, lo que la mayoría de los sacerdotes católicos son, al tiempo que advierte sobre la validez de ceremonias o rituales presidido por Rodríguez Núñez.
Este caso demuestra que, cuando los obispos y sus subordinados en las diócesis mexicanas quieren perseguir a alguien que perciben como ilegítimo, utilizarán todos los recursos a su alcance para desacreditarlo, incluso evitando cualquier explicación de por qué Rodríguez Núñez fue expulsado del seminario de Tepic.
Cabe destacar que, según el comunicado, Rodríguez Núñez ha sido expulsado de seis distintos seminarios o equivalentes en distintos momentos de su carrera.
La ordenación como apuesta
Y el hecho de que uno de esos seis seminarios sea Acapulco es aún más revelador. A Morseo Miramón Santiago, el otro sacerdote acusado de abuso de al menos un menor de edad en Izcalli, Acapulco también negó la ordenación a como diácono, el primer paso para ser presbítero, lo que comúnmente se identifica como sacerdote.
Sería González Ramos quien entraría al casino de las ordenaciones, al colocar una descomunal apuesta en el “cambio ontológico” cuando impuso las manos sobre Morseo Miramón, primero como diácono y luego como presbítero. ¿Dónde estaban los catequistas que suelen sermonear a los jóvenes católicos sobre los riesgos de apostar?
Esta información adicional, proporcionada por la ferviente postura del obispo Flores Calzada para cazar a los “falsos sacerdotes” que operan en su diócesis, revela problemas institucionales más profundos, que podrían involucrar a una red de clérigos que han pasado por el mismo sistema.
¿Cuántos otros sacerdotes o exsacerdotes han tenido problemas en el seminario de la arquidiócesis de Acapulco? ¿Por qué no existe una base de datos central que recopile todos los datos sobre seminaristas actuales y anteriores en las diócesis mexicanas para evitar casos como el del presunto falso sacerdote Rodríguez Núñez o casos como el de Morseo Miramón? ¿Es necesario que los laicos expliquen a los obispos cómo fallas en una parte del sistema de formación y supervisión de la Iglesia Católica genera problemas en varias diócesis?
Y es necesario enfatizar aquí que la confusión en el comunicado de la diócesis de Tepic es evidente para quien se tome la molestia de leerlo. ¿Por qué, si es un falso sacerdote, lo reconoce como “diácono”? Peor aún, lo hace luego de informar que la prelatura de El Nayar logró que se laicizara a Rodríguez Núñez, es decir, que se le despojara de la condición de sacerdote.
Pero incluso si uno deja ese asunto de lado, ¿por qué, si la Iglesia Católica está tan dispuesta a desacreditar a los falsos sacerdotes, está, al mismo tiempo, dispuesta a poner en riesgo a sus feligreses en Tepic, Izcalli o Tlalnepantla, permitiendo que sacerdotes con acusaciones creíbles de abuso sexual por parte del clero sigan presidiendo sacramentos y rituales?
En ese sentido, cabe preguntarse si la decisión de iniciar una investigación tipo Vos estis Lux Mundi tendrá que esperar hasta que surjan más casos en Izcalli.
El informe presentado en Roma, del que Los Ángeles Press tiene una copia, ya hace un llamado implícito a iniciar ese tipo de investigación, al solicitar, en la página 16, tras citar el Código de Derecho Canónico, la «destitución del obispo» por incumplimiento de sus deberes y, como afirma en diferentes puntos, por su falta de voluntad para «prevenir y reparar escándalos».
Los autores del informe van más allá. Señalan su sospecha de que la diócesis de Izcalli actuó con indiferencia al llevar a cabo su propia investigación interna. Entre las razones clave para afirmarlo, afirman en la página 19 que la diócesis nunca realizó ni siquiera una prueba psicológica básica para evaluar al sobreviviente de abuso sexual de Pallares Contreras. Él es ahora un adulto de 22 años.
En este punto, es el informe, originalmente escrito para informar al papa Francisco sobre Izcalli, el que compara la conducta de González Ramos con el caso del sobreviviente de Morseo Miramón Santiago.
La pregunta clave en este punto es si las partes involucradas al menos reconocerán sus propias faltas mientras intentan resolver lo que parece ser un escándalo mayor a punto de estallar.
Cabe señalar, de nuevo, que el informe habla de otros casos que involucran a Diego Pallares Contreras, y que hay asuntos pendientes en Izcalli que se remontan al asesinato de quien fuera, hasta el 18 de abril de 2018, día en que fue asesinado a puñaladas, vicario judicial de esa diócesis, Rubén Alcántara Díaz, encargado justamente de atender este tipo de casos.
Dado el inmenso poder de Aguiar Retes en Roma, ¿su silencio y el silencio de otros altos jerarcas es un signo de obediencia, de disciplina u otro ejemplo mexicano de lo que Richard Sipe llamaba el “vínculo escarlata”, que perpetua la impunidad para los depredadores sexuales?
