Guadalupe Lizárraga Martes, 22 de Julio del 2025, 00:10
Las hipótesis infundadas de Ricardo Raphael sobre el falso caso Wallace encubren la red de protección del Estado que le dio poder, dinero e impunidad a Isabel Miranda.
Por Guadalupe Lizárraga
El periodista Guillermo Rivera publicó el 20 de julio un reportaje en Dominga Milenio titulado “Wallace y Vallarta: el arte de fabricar culpables con espectáculo y complicidad en México”. En este trabajo, aborda dos de los montajes judiciales más emblemáticos del país: el de Florence Cassez e Israel Vallarta y el caso Wallace, del supuesto secuestro de Hugo Alberto Wallace Miranda.
Fui entrevistada por Rivera como autora de El falso caso Wallace, y en nuestra conversación me enfoqué en compartir cómo fue creada desde el Estado la narrativa del falso secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace. Esa narrativa condujo a la incriminación y tortura de ocho personas, de las que hoy, después de casi dos décadas, seis siguen en prisión acusadas falsamente.
En su reportaje, Guillermo Rivera también refiere las tres hipótesis de Ricardo Raphael, quien, tras el plagio de mi investigación y el robo de los expedientes fabricados por la PGR, recreó una novela sobre el caso revictimizando a los falsos culpables y ubicándolos en contextos criminales sin fundamento.
La primera hipótesis: un supuesto baleado dentro del departamento de Perugino, que alquilaba Juana Hilda González Lomelí. Esta versión basada en los cuentos fabricados de Isabel Miranda de Wallace.
La segunda hipótesis: la declaración en video de Juana Hilda obtenida bajo tortura y sin representación jurídica —es decir, ilegal—. A pesar de ello, en la entrevista que me hizo en Canal 11 el 12 de diciembre de 2018, Raphael todavía dudaba de que hubiese sido coaccionada o torturada para incriminar a sus coacusados, incluso después de conocer la falsedad del caso por mi libro.
La tercera hipótesis: considera que el caso Wallace es falso. Es decir, basado en mi investigación periodística, él plantea como hipótesis mis propios hallazgos respaldados con pruebas que fueron judicializadas por los abogados defensores de las víctimas. Un ejemplo específico es el caso del abogado Alejandro Garduño Real, cuya defensa a Jacobo Tagle Dobin (una de las ocho víctimas) tuvo como represalia dos atentados, uno con armas de fuego y otro en carretera en el Estado de México, amenazas frente a testigos y su despido del Poder Judicial por el entonces titular de Defensoría Pública, Netzaí Sandoval Ballesteros, tras avanzar en la defensa de su representado y cuestionar la imagen pública de Isabel Miranda.
La “maleta extraviada” y la deuda con La Barbie
De acuerdo con el seguimiento que hace el periodista Guillermo Rivera en Milenio, Raphael también se basa en el testimonio de tres personas que mencionaban “una maleta extraviada” de la que supuestamente se relacionaba con Wallace. A partir de ahí, plantea que Isabel Miranda inventó el secuestro de su hijo para salvarlo del narcotraficante Édgar Valdez Villarreal, alias La Barbie.
Ricardo Raphael dice que “Hugo Alberto Wallace tenía una deuda millonaria con el criminal Édgar Valdez Villarreal”, y que supuestamente le compraba droga que luego distribuía entre sus conocidos. No obstante, carece de toda evidencia, no hay una sola prueba que sustente esta elucubración.
Sugiere que Hugo Alberto Wallace era un narcotraficante, y que tenía cierto nivel de relevancia como para interactuar directamente con Valdez Villarreal. Pero Wallace no pertenecía a una pandilla, no tenía una estructura de capos ni sicarios, no traficaba armas. El delito por el que había sido fichado en 2002 era por contrabandear refacciones de motocicletas Harley Davidson. Es de lo que hay registro mediático y judicial.
Las drogas
El vínculo de Hugo Alberto Wallace con las drogas era el del consumo. Existen testimonios de su círculo cercano que confirmaron desde mis primeros reportajes en 2014 y 2015 su consumo de cocaína y alcohol y sus relaciones con dealers de diferentes estados. Uno de estos testimonios es el de su padre biológico Carlos León Miranda y de sus hermanastros, con quienes Hugo Alberto convivió en Ensenada, Baja California, en 1994.
La enfermera Guadalupe Ortega, entonces esposa de León Miranda, relató en 2014 a la PGR el episodio en que Wallace se alteró violentamente al enterarse —drogado— de que su madre Isabel Miranda fumaba marihuana con su padre biológico. Otro testimonio fue el de un exalumno del Colegio Aztlán, que describió con detalle las fiestas y consumo de drogas entre Wallace y sus amigos, cuando daba clases de inglés y su madre era la directora del colegio.
Investigaciones
PGR ayudó a fabricar pruebas a Isabel Miranda de Wallace
La “deuda millonaria”
La otra parte de la hipótesis de Raphael, sobre una supuesta deuda millonaria con La Barbie, es aún más inverosímil.
Desde 1994, Isabel Miranda inició ─de la noche a la mañana─ la empresa Showcase Publicidad, y Hugo Alberto tenía asignado un sueldo mensual de 200 mil pesos, según su declaración ante el Ministerio Público. En esa primera declaración, ella presentó una identificación de la Secretaría de Seguridad pública expedida en 2004 con el número RP4065254, un año antes del supuesto secuestro.
Además, tenían el Colegio Aztlán, donde Wallace daba clases de inglés, varias propiedades, y estrechas relaciones con gobernadores y fiscales. Para entonces, Miranda ya era una mujer con poder económico, cuya empresa servía para mover dinero sin transparencia.
La protección del Estado: García Luna, el Cisen y el narco
Cuando se lanzó el montaje del caso Wallace en 2005, Isabel Miranda llevaba varios años vinculada con Genaro García Luna y el CISEN, como parte del grupo de la sociedad civil que, junto con figuras como María Elena Morera, Eduardo Gallo y Rosi Orozco, entre otros, brindaba respaldo al gobierno. A cambio, sus gestiones como activistas eran financiadas a través de sus asociaciones civiles.
Además, Isabel Miranda contó con la protección de Édgar Veytia, apodado El Diablo, exfiscal de Nayarit y antes subprocurador, uno de los más temidos operadores del Cártel de los Beltrán Leyva en la década de 2010. Veytia protegía a Miranda, desde su cargo público, por motivos personales, según trascendió en los círculos de la Policía Federal. Tras la escisión del Cártel de Sinaloa en 2008, La Barbie pasó a ser parte del mismo clan que El Diablo, aunque operaban en diferentes niveles.
Pero Miranda también era respaldada por los cuadros de García Luna, desde que éste operaba con el Cártel de Sinaloa como titular de la AFI en 2001. Por eso, la supuesta “deuda millonaria” de Hugo Alberto Wallace o su vulnerabilidad frente al narco es una caricatura funcional de Ricardo Raphael: sigue desviando la atención, por un lado, de la impunidad de los servidores públicos que participaron en la fabricación del caso que mantiene en prisión a las verdaderas víctimas y, por otro, desvía la atención de la política gubernamental de fabricación de culpables para simular el combate al crimen organizado que se inició desde el periodo de Fox con García Luna en el CISEN y Alejandro Gertz Manero en la Secretaría de Seguridad Pública.
Las omisiones de Ricardo Raphael
Ricardo Raphael toma la narrativa oficial, pero omite lo más importante: Isabel Miranda fue entrenada por García Luna en el CISEN, años antes de lanzar el montaje en los medios. Raphael también silencia el hecho de que él mismo participó en 2001 como parte del grupo de académicos y periodistas que avalaron la narrativa de que el narcotráfico no se había infiltrado en el CISEN. Ese aval facilitó la aprobación del presupuesto para crear la AFI, encabezada por García Luna, desde donde se entrenó a la sociedad civil seleccionada como víctimas de alto impacto para dar apoyo al gobierno.
Mientras tanto, los culpables fabricados —en el caso Wallace y en muchos otros— siguen presos, y los responsables, operando con total impunidad.
Investigaciones
Ricardo Raphael: el cinismo de un ladrón
