Harfuch reconoció públicamente traslados bajo cooperación bilateral, declaración que la denuncia usa como evidencia contra el gobierno federal.
Los Ángeles Press
El abogado penalista Guillermo Hamdan Castro presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República contra la presidente Claudia Sheinbaum y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, por el traslado de 92 mexicanos a prisiones de Estados Unidos bajo mecanismos de “cooperación bilateral” fuera del procedimiento ordinario de extradición.
En el documento entregado el 26 de mayo ante la FGR y en entrevista para Los Ángeles Press, Hamdan acusa a ambos funcionarios de presuntos delitos de traición a la patria, abuso de autoridad, ejercicio ilícito del servicio público, tráfico de influencias y omisión de deberes. La denuncia sostiene que los traslados se realizaron sin decretos formales de extradición, sin orden ni control judicial y sin garantizar el derecho al debido proceso de las personas entregadas.
La relación de hechos incluida en la denuncia parte del 20 de enero de 2026, fecha en que se difundieron masivamente en los medios las declaraciones oficiales de Omar García Harfuch sobre el traslado de 37 detenidos mexicanos hacia Estados Unidos. Allí confirmó públicamente que los reclusos fueron enviados a prisiones de Washington, Houston, Nueva York, Pensilvania, San Antonio y San Diego utilizando siete aviones oficiales de las Fuerzas Armadas Mexicanas.
“La acción se ejecutó conforme a la Ley de Seguridad Nacional y bajo mecanismos de cooperación bilateral, con pleno respeto a la soberanía nacional”, fueron las palabras de Harfuch, ahora utilizadas como evidencia en la denuncia en su contra.
Para Hamdan, esa declaración constituye el reconocimiento explícito de un mecanismo de traslado fuera del procedimiento ordinario de extradición. El abogado sostiene que ni la Ley de Seguridad Nacional ni los acuerdos de cooperación bilateral permiten omitir el control judicial previsto en la Constitución y en el Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos.
El documento afirma que el traslado de 37 personas no fue un hecho aislado. Entre enero y mayo de 2026 el número acumulado ascendió a 92 mexicanos enviados a territorio estadounidense bajo la justificación política de reducir presiones bilaterales relacionadas con el narcotráfico y las exigencias del gobierno de Donald Trump.
Entre los nombres mencionados aparecen Ricardo González Sauceda, alias “El Ricky”, identificado como líder regional del Cártel del Noreste; Armando Gómez Núñez, alias “Delta 1”, relacionado con el Cártel Jalisco Nueva Generación; Pedro Inzunza Noriega, alias “El Señor de la Silla”; Juan Pablo Bastidas Erenas, alias “Payo Zurita”; y Daniel Alfredo Blanco Joo, alias “El Cubano”. La denuncia sostiene que varios mantenían procesos penales abiertos en México al momento de ser trasladados.
El abogado Guillermo Hamdan argumenta que el gobierno federal utilizó mecanismos administrativos y acuerdos de cooperación para evadir el procedimiento previsto en el Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos y en la Ley de Extradición Internacional. La denuncia afirma que no existieron resoluciones individuales de la Secretaría de Relaciones Exteriores ni oportunidad real de promover amparos contra los traslados.
Entre las personas mencionadas aparecen operadores del Cártel del Noreste, del Cártel Jalisco Nueva Generación y facciones vinculadas a “Los Chapitos” y a Ismael “Mayo” Zambada. Hamdan sostiene que varios de ellos mantenían procesos penales abiertos en México y que su entrega a Estados Unidos interrumpió procedimientos pendientes ante tribunales mexicanos.
La parte más delicada de la denuncia se encuentra en la interpretación del delito de traición a la patria. Hamdan cita el artículo 123 del Código Penal Federal, que considera dentro de esa figura la privación ilegal de la libertad de una persona en territorio nacional para entregarla a autoridades extranjeras. El penalista sostiene que el cambio de custodia y traslado fuera del país se realizó sin mandato judicial de extradición y fuera de los controles constitucionales previstos para esos procedimientos.
El documento también atribuye una motivación política a los traslados. Según Hamdan, las entregas habrían servido para aliviar tensiones con Washington en medio de presiones del gobierno estadounidense vinculadas al combate al narcotráfico y amenazas comerciales y de seguridad.
La denuncia aparece en un momento de tensión binacional marcado por versiones sobre posibles investigaciones estadounidenses relacionadas con figuras políticas de Sinaloa, entre ellas el gobernador Rubén Rocha Moya y el senador Enrique Inzunza Cázarez. Hasta ahora no existe confirmación oficial de procesos judiciales abiertos en Estados Unidos contra ambos funcionarios, aunque el tema ha escalado en círculos políticos y mediáticos en México.
Hamdan solicitó a la FGR abrir una carpeta de investigación y requerir registros de vuelo militares, expedientes penitenciarios y documentación de la Secretaría de Relaciones Exteriores para determinar si existieron procesos formales de extradición en cada uno de los 92 casos mencionados.
