Tashiro Malekium Sábado, 14 de Febrero del 2026, 00:00
Morena queda colocado en el centro del debate, no sólo por su peso político, sino por la responsabilidad que implica gobernar en medio de una crisis de seguridad que trasciende fronteras.
Por Tashiro Malekium
En estos días, desde Washington llega un eco que no se puede ignorar: Estados Unidos considera marcar a Morena como un partido con tintes narcoterroristas. No es un rumor vacío; es una señal que podría cambiar el juego para quienes forman parte de ese movimiento y para todos los mexicanos que buscan estabilidad.
Para los militantes, significaría un peso extra: visas que se complican, cuentas que se congelan y un estigma que no se borra fácil. Pero para el país podría ser el empujón que obliga a mirar de frente problemas que se han dejado crecer.
Vamos paso a paso, con lo que ha pasado recientemente en nuestra política, para entender qué implicaciones trae esto y qué podría pasar si las cosas escalan.
El escenario actual en México es como un rompecabezas con piezas que entraron a fuerza, algunas más extraviadas y otras que no terminan de encajar. Varios alcaldes de Morena, aún en el cargo, han sido señalados por la justicia en los últimos meses.
Por ejemplo, el de Tequila, en Jalisco, Diego Rivera Navarro, terminó detenido por presuntos lazos con el Cártel Jalisco Nueva Generación, acusado de privación ilegal de la libertad, cobrar pisos a empresas locales, extorsión y mover dinero público de forma dudosa.
No es el único; en el Estado de México, tres más cayeron en la misma redada por temas similares. Y en Baja California, una exalcaldesa y diputada como Hilda Araceli Brown Figueredo vio sus finanzas congeladas por sospechas de extorsiones ligadas al Cártel de Sinaloa.
A esta lista se suman gobernadores, gobernadoras y algunos senadores. Estos casos pintan un patrón donde el crimen organizado parece encontrar puertas abiertas en algunos gobiernos locales, y eso genera dudas sobre cómo se manejan las cosas desde arriba.
Las implicaciones van más allá de los nombres. Si EEUU avanza con esa etiqueta —algo viable bajo sus leyes contra organizaciones terroristas—, Morena enfrentaría sanciones que tocan a todos, desde líderes hasta bases.
Para México, abre un panorama de preguntas: ¿cómo responderíamos?, ¿seguiríamos con las mismas estrategias que no han frenado la violencia?
Aquí es donde entra la responsabilidad: años de políticas que priorizan diálogos sobre acciones firmes han permitido que cárteles como el CJNG crezcan, infiltrando incluso campañas electorales, según reportes de cortes en Nueva York y Texas.
No se trata de culpar a uno solo, pero cuando un partido domina tanto, le toca asumir el timón y corregir el rumbo.
Ahora, imaginemos el hipotético: si Estados Unidos decide intervenir, ya sea con operaciones coordinadas o algo más directo, ¿qué tan rápido podrían controlar a los cárteles?
Con su experiencia reciente en Venezuela, donde neutralizaron redes en semanas usando inteligencia y fuerzas precisas, podrían golpear cabezas clave como las del CJNG en meses. Digamos seis a doce para tomar plazas importantes en Jalisco o Sinaloa, aunque con costos altos en vidas y desplazados.
No sería un paseo; los cárteles contraatacarían, pero la tecnología y el apoyo logístico marcarían la diferencia.
¿Y cómo volver a caminos democráticos sólidos? Empezaría con reformas internas: limpiar instituciones como la policía y el ejército, con ayuda externa si hace falta, pero siempre respetando nuestra soberanía.
Elecciones supervisadas por organismos internacionales para asegurar transparencia y programas que ofrezcan opciones reales a comunidades atrapadas por el narco —trabajos, educación, alternativas económicas—.
EEUU no lo haría por bondad pura, claro, pero un México estable beneficia a ambos lados de la frontera.
Al final, la clave está en nosotros: reconocer fallas y actuar, antes de que otros tengan que hacerlo.
Esto no es sobre bandos; es sobre un país que merece paz. Si la etiqueta llega, que sirva de espejo para enderezar lo torcido, sin dramas ni excusas. Porque, al final, los mexicanos de a pie —del campo a la fábrica— somos los que pagamos si las cosas siguen igual.

Fuente: substack.com