Guadalupe Lizárraga Miércoles, 22 de Abril del 2026, 00:00
Marina del Pilar respaldó la narrativa que presenta la sentencia civil de Carlos Torres como exoneración penal, desplazando su alcance real y contribuyendo a la confusión pública.
Por Guadalupe Lizárraga
La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, intentó ayer responder a cuestionamientos periodísticos en conferencia de prensa apelando a la libertad de expresión, pero lo hizo con una imprecisión que desdibuja su propio argumento.
“Parten de la primicia de que lo que no mancha tizna”, dijo, en referencia a periodistas que —asegura— han difamado y calumniado desde sus espacios en medios. La frase contiene una confusión elemental que pasó inadvertida para la funcionaria, quien cuenta con formación de posgrado en Derecho. No se trata de una primicia —una información exclusiva—, sino de una premisa, el supuesto que sostiene una línea de razonamiento.
A partir de ese desliz conceptual, la gobernadora intenta desacreditar contenidos periodísticos críticos sobre su gestión pública y sobre los señalamientos de vínculos con el narcotráfico.
El lenguaje, en ese nivel de responsabilidad define el alcance de lo que se afirma y de lo que se pretende invalidar.
Por un lado, sostiene que respeta la libertad de expresión, pero al mismo tiempo intenta deslegitimar la crítica desde el origen, sin entrar al fondo de los argumentos. En esa operación, la libertad de expresión deja de ser un principio a proteger y se convierte en un recurso retórico que se invoca mientras se erosiona su ejercicio.
En paralelo, la gobernadora respaldó públicamente una lectura interesada de la sentencia civil por daño moral vinculada a su esposo, Carlos Torres Torres, dictada contra el periódico Unomásuno, de la Ciudad de México. Desde el 16 de abril, el fallo civil se difundió como si implicara una exoneración penal por los señalamientos por narcotráfico y lavado de dinero, lo que llevó a las imputaciones de la Fiscalía General de la República.
Sin embargo, la equivalencia no se sostiene. Una sentencia civil resuelve un conflicto entre particulares y puede ordenar una reparación; no decide si alguien cometió delitos. Son procesos distintos, con reglas distintas, y uno no sustituye al otro. Sin embargo, esa diferencia se ha ido manipulando en la manera en que se comunica el caso. Marina del Pilar Ávila, desde su posición de poder, ha participado en el desplazamiento de esta distinción en el caso de Torres, contribuyendo a su desinformación.
El problema no se agota en un error de términos. Se trata de la manera en que el poder en Baja California interviene sobre el significado de las palabras y sobre el alcance de las resoluciones judiciales.
Cuando la gobernadora confunde una premisa con una primicia y una sentencia civil la proyecta como absolución, lo que está alterando no es sólo el lenguaje, sino reconfigura el marco desde el que se interpreta la información y se ejerce la libertad de expresión.
