Rodolfo Soriano-Núñez Lunes, 30 de Diciembre del 2024
Este texto resume lo que Los Ángeles Press ha publicado durante 2024 sobre la crisis de abusos sexuales del clero en la Iglesia Católica.
La crisis de abusos sexuales corre el riesgo de empeorar en un contexto menos dispuesto a presionar a esa y otras iglesias en los Estados Unidos, América Latina y otros lugares.
por Rodolfo Soriano-Núñez
2025 será el año 42 de la crisis de abusos sexuales del clero en la Iglesia Católica. En 2023, Los Ángeles Press publicó un resumen de la crisis que se remonta a principios de la década de 1980, cuando Jason Berry descubrió las dolorosas narraciones de niños abusados y clérigos manipuladores en diócesis de Luisiana, Estados Unidos.
La última entrega de esa serie, cuyo enlace se incluye después de este párrafo, ofrece una estimación del número de víctimas actuales en más de sesenta países con poblaciones de católicos romanos superiores a un millón de personas.
Esa estimación va desde un límite inferior de 420 mil hasta un límite superior de más de un millón de víctimas y se construyó siguiendo el algoritmo proporcionado por el Informe o Reporte Sauvé, una investigación encargada por la conferencia nacional de obispos católicos de Francia.
En este informe se fija un mínimo del tres por ciento del total de sacerdotes y religiosos varones, tanto ordenados como no ordenados, como base para las comparaciones internacionales sobre los abusos sexuales (p. 162 de la versión en inglés del informe disponible aquí en su página web o aquí en Scribd).
Una tasa de alrededor del tres por ciento de sacerdotes y miembros de órdenes religiosas que cometieron violencia sexual contra niños constituye una tasa mínima y un punto de comparación relevante con otros países.
La crisis está lejos de haber terminado. A pesar de los muchos intentos de Juan Pablo II y Benedicto XVI de cancelar cualquier debate significativo sobre las principales causas de la crisis, presentándola como una enfermedad asociada a la modernidad, el desarrollo y la secularización o como la consecuencia de un ataque de homosexuales a la Iglesia Católica.
Y lo mismo puede decirse del reconocimiento del papa Francisco del alcance y las consecuencias de la crisis, afectado cada tanto por enfoques similares a los de sus predecesores: la crisis simplemente se transformó en una narrativa cada vez más grotesca y contradictoria.
La bestia andina
Tan grotesca como el caso del Sodalicio de Vida Cristiana desde que se supo de las primeras víctimas de esa organización a principios de este siglo.
El Sodalicio, una organización similar a una orden religiosa, con sede en Perú, se convirtió este año en el ejemplo perfecto de todo lo que puede salir mal en la Iglesia Católica cuando el papa Francisco decidió expulsar a algunos de los dirigentes y miembros de esa “orden” y, lo que es más importante, lanzó amenazas de excomunión a figuras de la vida pública peruana que con frecuencia afirman ser miembros fieles y leales de la iglesia de Francisco.
Ésa es la historia que se desprende de los siete textos que Los Ángeles Press publicó este año sobre el Sodalicio, la expulsión de algunos de sus miembros y las inusuales amenazas de excomunión emitidas por Jorge Mario Bergoglio desde Roma.
Textos dedicados al Sodalicio de Vida Cristiana, 2024
| Título | Fecha |
| 18 de agosto | |
El papa Francisco expulsa a diez miembros del Sodalicio peruano | 25 de septiembre |
Excomuniones, respuesta del papa Francisco al encubrimiento de abusos | 29 de septiembre |
| 6 de octubre | |
Papa Francisco expulsa a más exdirigentes del Sodalicio peruano | 21 de octubre |
| 23 de octubre |
El caso del Sodalicio está lejos de haber terminado. No hay garantía de que el débil sistema judicial del Perú ofrezca una medida significativa de justicia a las víctimas. Como la mayoría de los países de América Latina, Perú carece de leyes y mecanismos para proteger a las víctimas dispuestas a presentarse para hablar de sus experiencias.
Como en cualquier otro país latinoamericano, también carece de protecciones para los denunciantes dispuestos a contar lo que realmente sucede tras puertas cerradas en empresas, gobiernos y organizaciones como las iglesias.
Lo que es peor, como lo prueban las historias personales de Paola Ugaz, Pedro Salinas y José Enrique Escardó Steck, los periodistas y/o víctimas que cuentan las historias de lo que sucedió en el Sodalicio enfrentan los efectos de leyes punitivas que, supuestamente, protegen a las víctimas, aunque, en realidad, sólo protegen a los depredadores.
Las víctimas como peones
En ese sentido, el abuso sexual sigue siendo el territorio de las luchas de poder dentro y fuera de la Iglesia. Ése fue el caso del antiguo obispo de Chiclayo (Perú) y actual titular del Dicasterio para los Obispos y de la Comisión Pontificia para América Latina, el cardenal Robert Prevost.
Como lo prueba la historia enlazada arriba, la ira de la extrema derecha católica estadounidense, que se mostró en una serie de artículos que retrataban a Prevost como desdeñoso o irresponsable, no tenía que ver con los abusos denunciados en Chiclayo, sino con vengarse del papa Francisco por haber iniciado la investigación sobre los abusos en el Sodalicio.
Se trataba de desacreditar a Francisco y a Prevost, con poca o ninguna consideración por los efectos del abuso en las víctimas. Fue una prueba de cómo las víctimas se convierten en peones de los medios católicos de extrema derecha de Estados Unidos.
Lo que dichos medios, el liderazgo mundial de la Iglesia Católica y las autoridades peruanas descartan son los efectos reales y duraderos del abuso. Más aún cuando se toma en consideración cómo figuras clave en Roma han sido conscientes de los efectos del abuso y cuán desdeñosos han sido ante tales efectos. Ése fue el punto detrás de la historia del cardenal Franc Rodé de defensa activa de depredadores conocidos, enlazada abajo.
El cardenal Rodé, el eslabón perdido del abuso sexual
Más aún porque hay muchos cómplices del Sodalicio alejados de la jurisdicción peruana, como en el caso del cardenal Rodé y muchos otros líderes de la Iglesia Católica que fomentaron el crecimiento de ésa y otras organizaciones depredadoras.
Algunos de ellos están muertos, como en el caso de Germán Doig, uno de los fundadores del Sodalicio. Otros están fuera del alcance del sistema de justicia peruano que no muestra interés en perseguir un caso en su contra. Por una razón u otra, todos ellos difícilmente serán objeto de una investigación exhaustiva sobre su papel en la crisis de abusos sexuales del clero.
En este punto es necesario destacar el papel de las autoridades peruanas, no porque sean de alguna manera especiales o diferentes al resto de sus homólogas latinoamericanas, sino porque ofrecen un buen ejemplo de cuán arraigados están los abusos en las instituciones peruanas y latinoamericanas en general.
Patrones comunes
Más aún porque el año político en Perú cerró con el asesinato de Andrea Vidal Gómez el lunes 23 de diciembre de 2024, una abogada que investigaba los abusos y la prostitución que ocurren en el Congreso peruano. Su asesinato demuestra lo difícil que es profundizar en estos temas en América Latina.
Su caso, aunque no está directamente relacionada con la crisis de abusos sexuales del clero, es similar a otra muerte violenta en la sede del poder legislativo en otra capital latinoamericana.
Ése fue el tema del texto enlazado luego de este párrafo sobre un suicidio en la Asamblea Nacional de Quito, Ecuador. Allí, una víctima del sacerdote Franklin Germán Cadena Puratambi decidió quitarse la vida después de repetidos intentos infructuosos de obtener justicia de las autoridades ecuatorianas y los líderes de la Iglesia Católica en ese país.
Suicidio en el Congreso de Ecuador
El caso de Cadena Puratambi sigue el patrón tan común en los primeros 30 años de la crisis de abusos sexuales del clero: un clérigo abusando de un varón menor de edad bajo su cuidado.
Incluso si ésa fue la comprensión dominante de la crisis, más aún después de las debacles simultáneas en la arquidiócesis de Boston en Estados Unidos, la Legión de Cristo mexicana y la organización del clero liderada por Fernando Karadima en la arquidiócesis de Santiago de Chile, debería estar claro ahora que el clero homosexual nunca ha sido el único y tal vez ni siquiera el principal culpable de la crisis.
Hay que tener presente que, en 2002, cuando nos enteramos de la operación de encubrimiento a gran escala de Bernard Law en Boston, del abuso sistemático de Marcial Maciel a jóvenes mexicanos de clase alta y de la búsqueda desesperada de sexo y poder de Karadima en la parroquia del Sagrado Corazón de Santiago, ya había muchas víctimas femeninas anónimas.
El “nuevo” patrón
Sin embargo, como lo prueban los textos publicados durante este año, hay muchas víctimas que son mujeres. Una de esas víctimas mujeres es Myriam, la monja mexicana cuyo caso fue el tema de una serie de tres partes publicada en noviembre.
Vale la pena señalar que el caso de Myriam todavía está abierto en los tribunales mexicanos, pero que ella hizo más de lo que muchas otras víctimas estarían dispuestas a hacer antes de sacar sus casos de la esfera de la Iglesia.
Y no es que el Judicial en México tenga antecedentes de ponerse del lado de las víctimas de abuso sexual, sean del clero o de otra índole, pero las cosas están a punto de cambiar en el sistema judicial mexicano.
Los obispos mexicanos que apuestan a su capacidad para manipular los tribunales están apostando a un caballo muerto. Incluso si la reforma en curso en el sistema judicial mexicano fracasa, ese fracaso pondrá presión adicional para abordar los problemas de impunidad al tratar este tipo de casos.
Su relato de lo que le ha sucedido a ella y a otras monjas y laicas en México debería ser una advertencia para los obispos católicos que siguen jugando el juego de Benedicto XVI de culpar al clero homosexual de la crisis de abusos sexuales y que, al mismo tiempo, rechazan los repetidos llamados del papa Francisco a una “espiritualidad de la reparación” que, como muchas de las ideas de su pontificado, es hasta ahora una buena intención, y sólo eso.
El propio Francisco pidió a la llamada Tutela Minorum, la comisión encabezada por el cardenal Seán Patrick O’Maley, arzobispo emérito de Boston, que emitiera un informe anual.
Y este año, por primera vez en 41 años de crisis, hubo un informe. Los Ángeles Press publicó un texto al respecto, cuyo enlace se encuentra debajo de este párrafo. A pesar del tono celebratorio de la presentación del documento en Roma, es difícil compartir el tono, porque allí la Conferencia del Episcopado Mexicano afirma estar en pleno cumplimiento de la petición del Vaticano de tener al menos una comisión para prevenir el abuso sexual del clero en cada diócesis, pero no hay evidencia de eso.
En abril, Los Ángeles Press revisó los datos disponibles en la Conferencia del Episcopado Mexicano, la llamada CEM, y como da cuenta el texto vinculado después de este párrafo, menos de la mitad de las diócesis mexicanas tienen una comisión para prevenir el abuso sexual del clero.
Luego de que Tutela Minorum publicara su propio informe global, Los Ángeles Press revisó nuevamente la información en el sitio web de la CEM y no encontró evidencia de que se esté cumpliendo plenamente con la solicitud del papa. Lo que es peor, ni siquiera todas las arquidiócesis de México han creado una comisión para prevenir el abuso sexual del clero.
Informes sin fundamento
Semanas después de publicar el informe sobre las diócesis mexicanas, Los Ángeles Press revisó la información disponible para los otros 18 países latinoamericanos y, si bien algunos países afirman haber cumplido con la petición del papa Francisco, algunos lo han hecho creando un organismo nacional único para tratar todos los casos, y en otros casos, el más notable es Brasil, el país con la mayor población católica romana del mundo, que no tiene antecedentes de tener una comisión por diócesis o al menos un organismo nacional único para tratar el tema, como lo prueba la historia vinculada después de este párrafo.
En ese sentido, si bien durante el año se publicaron dos importantes informes de la Iglesia Católica, uno a escala mundial y otro por parte de una de las órdenes religiosas más influyentes de esa organización, la realidad es que dichos informes están empañados por métodos defectuosos, una dependencia extrema de los reportes propios y una actitud general despectiva hacia las víctimas y la opinión pública.
Ésa es la moraleja de la evaluación de Camille Rio sobre el informe de las Misiones Extranjeras sobre el abuso sexual en esa orden religiosa francesa, publicado hace una semana. No es que se deba desestimar todo el informe sobre lo que sucedió en esa orden.
Es valioso saber ahora que en las Misiones Extranjeras, a pesar de los muchos errores cometidos al elaborar su informe, hay más víctimas femeninas que masculinas. Incluso con todos los errores cometidos durante el desarrollo de la investigación, como lo demostró Rio, alguien con un profundo conocimiento del campo específico, no había forma de ocultar ese hecho.
Pero si uno toma en consideración la crítica de Rio al informe de las Misiones Extranjeras, es imposible preguntarse qué habría resultado si esa orden religiosa hubiera realizado una investigación rigurosa.
En ese sentido, aunque está claro que ahora es más difícil encontrar personas que afirmen tener algún conocimiento especial de la crisis de los abusos y que todavía se aferren a la idea de que la crisis es culpa de los clérigos homosexuales o, más ampliamente, culpa de los homosexuales, todavía hay voces dentro de esa iglesia que piden eliminar al clero gay de sus filas como solución a la crisis.
Herejía y escándalo, el laberinto de la homofobia católica
Ése fue el caso de los obispos africanos que criticaron al papa Francisco por su decisión de permitir bendiciones informales a parejas homosexuales y/o irregulares, en el texto de 2023 enlazado arriba.
Sin embargo, ésa fue también la postura del papa Francisco cuando se dirigió primero a los obispos italianos, como lo muestra el texto vinculado antes de este párrafo, y luego cuando habló en una reunión de sacerdotes de su diócesis, Roma, en la Universidad Salesiana de la capital italiana, como cuenta el texto después de este párrafo.
Comprensión colectiva
No está claro, en este sentido, cuánto ha cambiado la comprensión colectiva de la crisis por parte de la Iglesia Católica. En cualquier caso, independientemente de cómo los obispos de México, Estados Unidos o de otros países enfrenten las acusaciones, ya debería estar claro que la crisis nunca se ha limitado a los jóvenes varones que son víctimas de clérigos homosexuales depredadores.
Y aunque el caso de Myriam, la monja mexicana, y el informe de la orden de las Misiones Extranjeras de Francia proporcionan ejemplos perfectos de lo equivocada que fue la reforma de los seminarios católicos de 2005 de Benedicto XVI, no es la única evidencia disponible.
Francia y el mundo católico quedaron conmocionados hasta la médula cuando surgió la noticia de que el Abbé Pierre, sacerdote y héroe de la resistencia nacional francesa contra la ocupación nazi durante la Segunda Guerra Mundial, resultó ser también un depredador sexual.
Además de los casos del Abbe Pierre y Myriam, los resultados del informe de las Misiones Extranjeras, también está la evidencia proveniente de las historias de abuso sexual sistemático y a gran escala de niñas bolivianas a manos de jesuitas españoles, como se resume en la historia vinculada a continuación.
Si esos ejemplos no fueran suficientes, Los Ángeles Press también publicó una serie de dos entregas sobre el intento de los llamados Oblatos de María Inmaculada de trasladar a México a un sacerdote paraguayo con acusaciones creíbles de agresión sexual en su país.
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Errar la marca
Todos estos casos deberían ser suficientes para demostrar que la reforma de Joseph Ratzinger de 2005 a la educación en los seminarios católicos romanos no dio en el blanco. Tras las nuevas conclusiones del informe encargado por la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos al John Jay College of Criminal Justice, publicado por primera vez en 2004 (disponible aquí en Scribd), Benedicto XVI atribuyó la crisis al clero homosexual.
En los primeros años de este siglo, los líderes de la Iglesia Católica vieron ese informe como la última palabra sobre el tema. Al hacerlo, la crisis pasó a ser competencia de los clérigos viejos, muchos de ellos muertos o ya jubilados, educados bajo las reglas y programas académicos que existían antes del Concilio Vaticano II.
Desesperada por apoyar esa idea, Roma utilizó la dudosa pericia del clérigo francés Tony Anatrella, que se convirtió en el hombre de confianza de los obispos franceses en su trato con seminaristas y sacerdotes homosexuales.
La especialidad de Anatrella era el doble discurso. Se mantenía como una celebridad en Francia al atacar públicamente a los homosexuales por destruir la civilización occidental al pedir el derecho a casarse, mientras que en privado proporcionaba terapias cuestionables, avaladas por la jerarquía francesa.
Dichas terapias pretendían “curar” a sacerdotes y seminaristas “con tendencias homosexuales”, enviados a Anatrella por sus obispos o superiores obligándolos a mantener relaciones sexuales con él.
Pero si no bastaran todos los casos ya mencionados: el informe de las Misiones Extranjeras de Francia, el caso de Myriam, el historial de depredador del Abbé Pierre, los jesuitas españoles en Bolivia y el envío de un sacerdote paraguayo a México por parte de los Oblatos, en septiembre Los Ángeles Press publicó “El crimen del padre Araújo”.
Ese caso podría verse como una nueva versión de un viejo drama portugués, con un joven sacerdote, estrella en ascenso en su diócesis, que llega al extremo de obligar a una de sus muchas parejas sexuales, una menor de edad, a abortar, y luego maniobra para enterrar el cadáver del feto en el huerto de un amigo.
Brasil: El crimen del padre Araújo
No es que ya no haya casos de abusos contra personas del mismo sexo. Si bien el caso de Franklin Germán Cadena Puratambi podría ser descartado como “viejo” dado que los abusos ocurrieron en la década de 1990, sólo en 2024 México contribuyó con al menos tres nuevos casos de abusos contra personas del mismo sexo por parte de sacerdotes jóvenes, educados, todos ellos bajo las nuevas reglas de Benedicto XVI.
Sacerdotes jóvenes, viejos vicios
En enero, Los Ángeles Press publicó una serie de tres partes sobre Sergio González Guerrero, un joven sacerdote, ordenado en medio de la pandemia en agosto de 2020, acusado de atacar a un niño menor de edad. La última entrega de esa serie aparece después de este párrafo.
La ruta al sacerdocio del cura acusado de abuso en Tlalpan
Unos días después, en febrero, Los Ángeles Press publicó una serie de dos partes sobre otro joven sacerdote, Morseo Miramón Santiago, formado también bajo las nuevas reglas de Benedicto XVI, ordenado en 2017, acusado como González Guerrero de atacar a un niño menor de edad. La última entrega de esa serie aparece después de este párrafo.
Vale la pena notar, como subraya esa entrega, que ambos sacerdotes recibieron las órdenes en procesos plagados de dudas. González Guerrero era un escolástico o seminarista en una pequeña orden religiosa en México. Sus superiores lo expulsaron de la orden por razones que siguen sin estar claras hasta hoy. Después de unos meses, fue aceptado por el seminario de la arquidiócesis de México.
Miramón Santiago fue originalmente un estudiante del seminario de la arquidiócesis de Acapulco. Por razones desconocidas, sus superiores lo obligaron a salir y, después de un año de exilio, la diócesis de Izcalli, un suburbio de la Ciudad de México, lo admitió, lo ordenó y finalmente le asignó como capellán en una de sus parroquias.
Más tarde, en septiembre, otro joven sacerdote, Jacinto Jiménez Tepetlixpa, se convirtió en el protagonista de las acusaciones de abuso sexual. La única diferencia en su caso es que la víctima no era un menor de edad, sino un varón adulto.
Aunque no hay registro de que Jiménez Tepetlixpa haya asistido a otro seminario que no fuera el de la orden religiosa que pidió su ordenación en 2021, también se formó bajo las reglas de Benedicto XVI que excluyen a los seminaristas homosexuales de la posibilidad misma de ser miembros de una orden religiosa, más aún de la posibilidad de recibir las órdenes como diácono o presbítero, como sucedió con él en 2020 y 2021, como da cuenta el texto vinculado a continuación.
En este sentido, debe quedar claro que no hay razón para esperar un cambio repentino en estos patrones y que, cualquiera que sea la expectativa de una solución como consecuencia de la supuesta reforma “severa” de los seminarios por parte de Benedicto XVI, no hay evidencia de ningún efecto significativo.
¿La culpa es de los gays?
Lamentablemente, el problema ya no depende de la voluntad de los líderes de la Iglesia Católica de reconocer los efectos negativos de su propia teología, lo que los lleva a afirmar que purgar sus seminarios de personas gays resolverá la crisis.
El problema principal es que, en su mayor parte, fuera de los Estados Unidos, Canadá y Australia, todavía es casi imposible para las víctimas, varones o mujeres, encontrar una medida de justicia padecer procesos policiales y judiciales que ofrecen poca o ninguna posibilidad de éxito.
Incluso los países europeos con una larga tradición de trabajo policial eficaz y sistemas judiciales independientes se enfrentan a prácticas y actitudes que bloquean las pocas oportunidades que tienen las víctimas de hacer valer sus derechos.
En un contexto así, sólo los ideólogos se aferrarían a la idea de una crisis traída a la Iglesia Católica por fuerzas oscuras del exterior. Los nuevos contornos de la crisis encuentran un número creciente de mujeres como víctimas. Así, la crisis se vuelve producto de un clero oportunista y no tanto la consecuencia de una invasión de la Iglesia por hordas de clérigos homosexuales, como Benedicto XVI estaba tan dispuesto a insistir, incluso eclipsando, desde su retiro, lo que el papa Francisco estaba tratando de lograr con su reforma más bien tímida.
Este cambio en la comprensión de la crisis no ha sido fácil. Es la consecuencia de un número creciente de víctimas femeninas que se presentan y cuentan sus historias de una manera similar al llamado de Giséle Pelicot a hacer que “la vergüenza cambie de bando”.
En cualquier caso, ya debe estar claro que uno de los motores de la crisis es el miedo de las víctimas a denunciar, porque los sistemas de aplicación de la ley de la mayoría de los países no facilitan la denuncia, mucho menos el procesamiento, y mucho menos la posibilidad de lograr una medida de justicia en los tribunales.
No hay razones para creer que estemos cerca de un cambio radical en lo que respecta a los abusos sexuales del clero en América Latina. Muy por el contrario, las diferentes crisis de los sistemas de aplicación de la ley en la región hacen casi imposible esperar algo más que la dosis habitual de escándalos, desde México hasta Argentina y Chile.
A diferencia de lo que sucedió en 2023 en Illinois o en 2024 en Maryland, donde los fiscales de ambos estados emitieron informes detallados sobre lo que ha sucedido en las diócesis católicas de esos estados, en América Latina es difícil esperar que algún estado mexicano o alguna provincia argentina presente un informe sistemático sobre lo que ha sucedido en los últimos 50 o 70 años.
Los obispos católicos apuestan en casi todos los países de la región por la muerte súbita de las víctimas o depredadores, para poder desestimar posibles acusaciones. Esa ha sido, hasta ahora, la estrategia hasta 2024, y es difícil imaginar algo diferente para 2025.
Ninguna expectativa
No es que toda la Iglesia esté haciendo eso. Existen los precedentes de lo que hicieron los obispos de los Estados Unidos en 2002-4 o lo que hicieron sus colegas franceses en 2018-21. En ambos casos hubo informes profundos, minuciosamente elaborados, que indagaron profundamente en lo que sucedió en ambos países, lo suficientemente profundo como para arrojar luz sobre lo que ha sucedido a escala global.
Sin embargo, no hay ninguna expectativa de que alguna conferencia nacional de obispos afiliada al llamado Consejo Episcopal Latinoamericano y del Caribe, el CELAM, el organismo regional para todas las conferencias nacionales de obispos católicos en América Latina, encargue jamás una investigación tan sistemática y detallada como las de Estados Unidos y Francia.
Hay una posibilidad, más bien débil, de que la investigación del Vaticano en Perú sobre el llamado Sodalicio de Vida Cristiana, pueda ver la luz. Al igual que con las investigaciones de los obispos estadounidenses y franceses, hay precedentes de que la Iglesia haya abierto sus propias investigaciones, como sucedió con el documento sobre las décadas de abusos perpetrados por el excardenal Theodore McCarrick.
Sin embargo, a diferencia del caso de McCarrick y el contexto judicial de Estados Unidos, hay poca o ninguna presión real de las autoridades nacionales en Perú o en cualquier otro país de América Latina para hacer algo similar.
En junio, Los Ángeles Press comparó las respuestas dadas por las diócesis católicas de California en los Estados Unidos (ver arriba) con las dadas por las diócesis de los estados de Baja California y Baja California Sur en México a la crisis de abuso sexual del clero, cuyo enlace se encuentra a continuación.
Baja California y el abuso sexual a manos de clérigos
La cuestión clave no es la doctrina de la Iglesia, ya que es la misma en ambos lados de la frontera entre Estados Unidos y México. La cuestión clave es lo que las autoridades de Estados Unidos están dispuestas a hacer que las autoridades de México, como las del resto de América Latina, no están dispuestas a intentar siquiera.
Basta ver cómo, al tratar las acusaciones contra el excardenal Theodore McCarrick, el Vaticano llegó al extremo de publicar un informe detallado, para distanciar al papa Francisco y a la Santa Sede antes de su pontificado de la conducta depredadora de McCarrick.
Además, hay que tener en cuenta que el informe de McCarrick fue una respuesta no sólo a las acusaciones planteadas por sus víctimas contra el antiguo arzobispo de Washington, DC, sino también una respuesta a Carlo Maria Viganò, el exnuncio en los Estados Unidos, excomulgado oficialmente en julio después de más de cinco años de ataques sistemáticos al papa Francisco.
Hay similitudes con lo que sucedió con el Sodalicio: los ataques a la autoridad de la Iglesia Católica, entre otros, pero a diferencia del miedo a enfrentar una reacción judicial en los Estados Unidos, cuando se trata del Sodalicio en Perú, la Legión de Cristo en México y muchas otras órdenes o diócesis en otros países latinoamericanos, no hay tal presión.
Si conocemos fragmentos de los resultados de la investigación sobre el Sodalicio, como el que ahora sepamos que la Iglesia Católica admite que los abusos ocurrieron allí a una escala mayor que la investigación interna original realizada por el propio Sodalicio, es sólo por el “castigo” emitido desde Roma en forma de expulsión o renuncia forzada como en el caso del ahora arzobispo emérito de Piura, José Antonio Eguren Anselmi.
En ese sentido, lo que sabemos ahora tiene más que ver con la magnitud del conflicto interno en la Iglesia Católica, la división entre los conservadores más radicales que atacan al papa Francisco, al tiempo que niegan la ocurrencia misma de los abusos en el Sodalicio, que porque haya alguna voluntad de realmente proporcionar una medida de justicia a las víctimas.
Además, la crisis corre el riesgo de empeorar en un contexto menos dispuesto a presionar a esa y otras iglesias en los Estados Unidos, América Latina y otros lugares, gracias a las victorias de la extrema derecha en distintos países y a la indisposición de los nuevos gobiernos de distintos países a reconocer la importancia del respeto a los derechos humanos.
